Red Yungas 
Oficiales de la Policía, en la Academia Nacional. Foto: Archivo
Página Siete
Pamela Pomacahua / La Paz
El comandante general de la Policía, Rómulo Delgado, informó ayer que se prepara un proyecto para frenar la corrupción al interior de la institución, por las denuncias de cobros de dinero que habrían perpetrado algunos funcionarios policiales de alto rango para hacer cambios de destinos.
“Estamos presentando un proyecto de sistematización del personal (policial), que nos va a permitir establecer (quién es) la persona, la identidad, el grado de jerarquía con el que cuenta, en qué fecha ha ingresado o egresado de la Policía”, manifestó la autoridad de la fuerza del orden.
Delgado explicó que la sistematización de los datos personales de los efectivos policiales les permitirá conocer la especialidad que tiene el funcionario, los méritos que logró hasta el momento y sus antecedentes.
Además, se sabrá la cantidad de veces que el policía solicitó vacaciones, permisos, bajas médicas y, sobre todo, dónde fue destinado, precisó el comandante general de la Policía.
“Se va a establecer el lugar que corresponde de acuerdo con los cursos y la especialidad que haya realizado (el policía); se tomará en cuenta la foja de conceptos, los antecedentes, la conducta y el comportamiento”, señaló el comandante Delgado.
Con este proyecto se busca evitar cualquier cobro irregular por el cambio de destinos, como se estuvo denunciando o revelando por algunos policías que hicieron conocer a los medios de comunicación, puntualizó la autoridad del verde olivo.
Hace sólo unas semanas se reveló que el excomandante de la Policía de Oruro, Rommel Raña, exigía el pago de dinero para conceder cambios de destinos a sus subalternos. Según la Fiscalía, se lo acusa de recaudar al menos 300 mil dólares en la gestión 2018, por este tipo de coimas.
Raña cobraba dinero a oficiales de menor rango para colocarlos o mantenerlos en puestos de control fronterizo estratégicos.
El uniformado fue enviado con detención preventiva al penal de Patacamaya, pero por el hacinamiento carcelario terminó siendo trasladado al penal de San Pedro, de la ciudad de La Paz.
La Fiscalía de Oruro informó que citarán a declarar al excomandante de la Policía Boliviana Faustino Mendoza y al exsubcomandante Agustín Moreno, ambos jefes policiales de la gestión 2018, como testigos.
El actual comandante general de la Policía mencionó ayer que “estamos evitando cualquier pago que se tenga o pueda efectuar por el cambio de destino”.
En enero de 2018, el exjefe de la Policía Boliviana, Abel de la Barra , quien dirigió esa institución en 2017, también fue acusado de “vender” destinos a sus subalternos en su gestión. Hay un proceso abierto en Beni y otros casos reportados en Pando.
Algunos policías informaron que los montos que debían pagar dirigido a De la Barra oscilaban entre los 2.000 y 3.000 dólares; sin embargo, esta denuncia no está sustentada en la documentación de la Fiscalía.
Al respecto, el presidente Evo Morales dijo que se tiene que erradicar la corrupción en la institución policial y advirtió que existe una “macrocorrupción”.
Las irregularidades
Trámite Según la norma policial, los uniformados que quieran solicitar su cambio de destino deben enviar una carta dirigida a la División de Personas. El trámite demora 30 días, plazo que no era respetado con el cambio irregular.
Tránsito Las investigaciones establecieron que si un oficial quería trabajar en Tránsito debía pagar 1.000 dólares; por un cargo en oficinas debía cancelar 500 dólares. Y si quería estar en las calles, el “costo” del puesto eran 200 dólares.
Frontera El Ministerio de Gobierno creó la Dirección Nacional de Fronteras (Dinafrom) que patrulla en zonas limítrofes. Un oficial debía pagar de 2.500 a 3.000 dólares para trabajar en esta unidad.
