CIDH pide a Añez dejar sin efecto decreto que amenaza con cárcel a los que desinformen por Covid-19.
Prensa Red Yungas
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Añez es cuestionada internacionalmente por su decreto de amenazas con cárcel. Foto/ABI archivo digital
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación por los alcances de un decreto de la presidenta Jeanine Añez que amenaza con penas de cárcel a las personas que desinformen en medio de la actual cuarentena en prevención al coronavirus, por lo cual pidió dejarlo sin efecto.
A través de un comunicado, la entidad señala que la norma no cumple con el principio de legalidad y no se ajusta al interés imperioso de proteger la salud. Considera además que es desproporcionado uso del derecho penal para criminalizar expresiones de interés público.
“La Relatoría expresa una grave preocupación por la aprobación del decreto en Bolivia, que sanciona con prisión ‘desinformar’ o ‘incitar a delitos contra la salud’ para enfrentar el Covid-19”, dice a través de su cuenta de twitter difundida este sábado.
El Decreto Supremo 4200 en su artículo 13, parágrafo II, señala que “las personas que inciten el incumplimiento del presente decreto supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”.
Al respecto la Relatoría señala que esa figura “es amplia y vaga que amenaza crítica de políticas o información periodística”.
El pasado martes la institución internacional Human Rights Watch (HRW) se pronunció en igual sentido ante lo Procuraduría General del Estado (PGE) respondió señalando que el decreto de Jeanine Añez “es plenamente compatible con los principios, valores y normas del Estado Constitucional de Derecho y que “la libertad de expresión se mantiene incólume en Bolivia”.
Este sábado el director de la HRW José Miguel Vivanco calificó la posición boliviana de errada porque la Procuraduría recuerda que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y su “regulación debe perseguir un fin legítimo y ser idónea, necesaria y proporcional”.
Si bien hasta ahora se no se abrieron procesos penales por desinformación, hay más de 26 personas que fueron condenadas a 2 o 3 años de cárcel por desobedecer la cuarentena total instituida mediante decreto supremo 4200.
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