Una nueva demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1297 de Postergación de las Elecciones, fue activada este sábado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), reclamando además del derecho a la vida, el derecho de sufragio de más de 150 mil jóvenes que estarían habilitados para votar cuando se realicen las elecciones generales, probablemente en agosto próximo.
La Acción de Inconstitucionalidad Abstracta fue presentada por el diputado nacional Erick Morón cuyo abogado patrocinante es el actual candidato presidencial Luis Fernando Camacho, quienes argumentan que al convocar a elecciones en el pico más alto de la pandemia, entre el 3 de mayo y 3 de agosto, se pone en riesgo la vida de los bolivianos.
Morón explicó que realizarse las elecciones retomando el calendario, es atentar al derecho civil y político de ser elegidos y poder elegir de miles de jóvenes que cumplirían 18 años en este tiempo.
Recuerda que la norma establece plazos electorales y fases concluidas, lo cual no permitiría abrir el padrón ni las listas de candidatos a asambleístas.
Consideran que el Tribunal Constitucional debería declarar la inconstitucional de la Ley 1297, disponiendo al mismo tiempo que el Tribunal Supremo Electoral inicie un nuevo proceso electoral sin lesionar derechos constitucionales de los jóvenes para elegir y ser elegidos.
Los demandantes solicitan al mismo tiempo que el TCP dicte como medida cautelar la prohibición al Órgano Electoral Plurinacional que se abstenga de señalar la fecha para el reinicio del calendario electoral en tanto y en cuanto no exista una decisión definitiva del TCP.
La acción fue presentada contra la presidente del Senado Eva Copa al ser la autoridad legislativa que promulgó la ley ante las observaciones de la presidente Jeanine Añez que fueron rechazadas por una sesión de Asamblea Legislativa, organizada sobre la marcha y sin cumplir los requisitos en término de plazos para su convocatoria.
El pasado martes el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió una similar demanda de presentada por el senador Óscar Ortiz contra el artículo 2 de la ley que fija un plazo de 90 días a partir del 3 de mayo para la realización de las elecciones generales.
El memorial fue presentado el 5 de mayo y se pronunció 20 días después, cuando el Código Procesal Constitucional establece diez días como plazo. De tres recursos presentados, solo uno fue admitido y los otros rechazados por falta de argumentación.
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