La Fiscalía Departamental de La Paz aclaró este sábado que no emitió ninguna orden de aprehensión contra el juez Onceavo de Instrucción en lo Penal Hugo Huacani Chambi, quien fue detenido el viernes minutos antes de instalar una audiencia de medidas cautelares por el caso de los respiradores españoles, donde está implicado el exministro de Salud Marcelo Navajas.
La posición oficial salió a través de un comunicado difundido por la Fiscalía General del Estado, después que el Juez recobrara su libertad, mediante un recurso de Acción de Libertad que fue resuelto cerca de las 3 de la mañana de este sábado por un tribunal de garantías de la ciudad de El Alto.
La Fiscalía paceña asegura que tampoco tuvo ninguna participación en el operativo. La detención de Huacani sorprendió a propios y extraños, porque se produjo justo cuando el juez ingresó al salón de debates a resolver la situación jurídica de cinco imputados en la compra irregular de los respiradores para los enfermos con coronavirus.
La autoridad fue trasladada hasta las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz, tras el operativo de supuesta “acción directa” por delito de prevaricato al haber dispuesto la detención domiciliaria en favor de una imputada por financiamiento al terrorismo al estar en poder de dineros que pertenecían al exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.
La Defensora del Pueblo Nadia Cruz informó que envió una nota al Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa para solicitarle que abra un proceso penal contra los policías que ejecutaron la aprehensión.
Explicó que podría presentarse la figura de uso indebido de influencias e impedimento al ejercicio de las funciones judiciales, porque está claro que no había una orden de aprehensión.
“No era un tema de un delito infraganti, no había orden fiscal; entonces hubo alguien que dio una orden y que no tenía competencia para aquello. También se nota un exceso de la competencia de la Policía y esperamos que el Ministerio Público genere solvencia en este tema para determinar la responsabilidad penal”, declaró.
Anunció que en las próximas horas iniciarán contactos con relatora para Bolivia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la brasileña Flávia Piovezan, El Alto Comisionado para los DDHH de las Naciones Unidas y el Relator Especial para la Independencia Judicial, García Sayan a objeto de hacerles conocer el caso del juez Huacani.
La Defensoría informó que recibió una denuncia de la Asociación de Magistrados de La Paz en sentido que sería objeto de persecución como consecuencia de la emisión de determinaciones judiciales apartadas de los intereses del Gobierno, hecho que se vería reflejado en amenazas a jueces y fiscales, en caso de asumir, dentro de procesos penales, decisiones contrarias a la línea gubernamental.
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