El Gobierno Nacional de transición emitió el jueves 7 de mayo el Decreto Supremo 4232, autorizando establecer procedimientos abreviados para la evaluación de productos transgénicos destinados para el consumo y exportación, amparándose en la situación originada por la pandemia del coronavirus.
“De manera excepcional se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa”, dice la norma.
El mismo Decreto contiene una disposición adicional única que instruye “tomar en cuenta las acciones y medidas adoptadas por los países vecinos, referentes a los productos agrícolas y alimenticios producidos por técnicas de ingeniería genética; para lo cual el Ministerio de Medio Ambiente y Agua en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras realizarán las evaluaciones correspondientes”.
La aprobación del Decreto se da en un momento de cambio de timonel en Ministerio de Desarrollo Productivo. Tras la renuncia del exministro Wilfredo Rojo, el senador de Demócratas, Oscar Ortiz, quien antes de su carrera legislativa fue por varios años un alto directivo de Cainco, (Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz), asumió esa cartera.
La decisión fue asumida por el Gobierno pese a que más de 100 instituciones, entidades, asociaciones, organizaciones sociales, consumidores, colegio de profesionales, plataformas y otros colectivos emitieron un pronunciamiento rechazando con varios argumentos.
El Gobierno ampara su decisión ejecutiva en normas como la Ley de Gestión de Riesgos y el Decreto por la emergencia sanitaria nacional del coronavirus.
En parte considerativa, el Decreto menciona como argumentos que la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia mundial por el coronavirus y que el Estado bolivianos dictó emergencia sanitaria nacional y cuarentena.
Montaño: es un Decreto de contrabando
Mientras tanto, desde la oposición legislativa, el diputado por Santa Cruz, Edgar Montaño, aun sorprendido, sostuvo que Decreto Supremo 4232 “es un contrabando de entre gallos y medianoche: no puede ser que una vez más nos están sorprendiendo de este Gobierno en transición, decretos supremos que violan evidentemente la Constitución Política del Estado, eso no se ha dado en ninguna parte del mundo”.
Recordó que el artículo 409 de la carta magna dice claramente que la producción importada y modificada de transgénicos será regulada por ley y no por decreto.
“Nosotros, como autoridades electas vamos a realizar las solicitudes de informe escritas, cuáles son los alcances, queremos saber qué tipo de semillas transgénicas son, de dónde van a ser importadas, qué países van a colaborar en esto; han debido estudiar el tema porque claro ya no nos sorprende cada decreto supremo que viola la Constitución y la libertad del ciudadano boliviano”, advirtió el legislador.
Dentro de las numerosas instituciones que rechazan esta determinación, dos de ellas, el Cedib (Centro de Documentación e Informacóon Bolivia) y Probioma (Productividad Biósfera y Medio Ambiente) organizaron en las últimas horas un seminario web (denominado webinario) para informar sobre los riesgos de estos eventos de biotecnología.
ERBOL/