Detención domiciliaria a Barral y cárcel en Chonchocoro a su asistente
Prensa Red Yungas
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La jueza Melina Lima decidió este jueves que el diputado Amílcar Barral, cumpla detención domiciliaria sin salidas laborales, mientras se investiga el caso de presunta extorsión al exalcalde Édgar Patana, recluso de la cárcel de San Pedro.
Entretanto, el asistente de Barral,. Henry Marcelo G. M., fue enviado con detención preventiva al penal de Chonchocoro, pues se consideró que de enviarlo a San Pedro afectaría la investigacion, tomando en cuenta que en ese recinto se produjeron los hechos.
Además de la detención domiciliaria, la jueza determinó una fianza de 50 mil bolivianos para el diputado.
Barral manifestó que con esa decisión de impedirle las salidas laborales se pretendería inhabilitarlo en su cargo como diputado, porque con cinco faltas perdería el curul.
Señaló que se apeló la decisión de la juez, porque no se puede violar su derecho laboral.
También informó que se ha apelado la decisión de enviar a su asistente a Chonchocoro. Dijo que su ayudante no tiene antecedentes y no puede ir a un penal con “reos rematados y asesinos”.
La Fiscalía imputó al diputado Amílcar Barral por los delitos de uso indebido de influencias, extorsión y cohecho pasivo propio, por presuntamente sonsacar dinero al exalcalde de El Alto, Édgar Patana.
Según la investigación, Patana denunció que fue extorsionado para entregar dinero a Barral, a cambio de que el diputado no denuncie un supuesto negociado con celdas que estaría haciendo el exalcalde recluso en la cárcel de San Pedro.
Habría existido dos pagos, uno de 4 mil y otro de 8 mil bolivianos, aunque de éste último sólo había 6.500 bolivianos en el sobre encontrado al asistente de Barral.
El asistente sería el encargado de recoger el dinero de la cárcel. En el penal, el diputado habría operado a través de un recluso, exfuncionario legislativo detenido por violación, presunto intermediario de la extorsión a Patana.
El abogado de Patana, Franz Zabaleta, afirmó que los internos de San Pedro hicieron una colecta para obtener el dinero, con el objetivo de desenmascarar la forma de actuar de algunas autoridades. Afirmó que el exalcalde denunció el caso a Régimen Penitenciario al momento en que le pidieron los montos.
Los imputados apelaron la decisión de la jueza.
