A 20 años de Octubre Negro, el veredicto es: ejecuciones sumarias.
Prensa Red Yungas
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Familiares y vecinos lloran la muerte de varios movilizados en septiembre y octubre de 2003.
Era 20 de septiembre de 2003, Marlene Nancy Rojas Ramos fue alcanzada por una bala mientras miraba por la ventana cómo soldados tomaban Warisata, su pueblo. Iba a cumplir ahora 28 años; entonces fue víctima de ejecuciones extrajudiciales.
¿Considera que Gonzalo Sánchez de Lozada es responsable de la ejecución extrajudicial (y asesinato) de Marlene Nancy Rojas Ramos porque tenía el mando y responsabilidad sobre el soldado boliviano que cometió la ejecución extrajudicial (y asesinato)? El juez respondió que sí en un formulario con las opciones Sí y No.
¿Considera que la muerte de Marlene Nancy Rojas Ramos fue una causa extrajudicial asesinato a manos de un soldado boliviano? Esa primera pregunta fue respondida también con un Sí.
Las mismas preguntas fueron planteadas en relación al otro procesado, el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín. Ambos, en su condición de autoridades, fueron declarados responsables de ejecuciones extrajudiciales en llamada Masacre de Octubre, Octubre Negro o Guerra del Gas.
Ese veredicto del 3 de abril de 2018 no ha variado, salvo el retiro del delito de asesinato durante la apelación de los demandados.
A 20 años
Nueve familiares de ocho casos de muerte acudieron a la vía civil en la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, para encontrar una forma de reparación judicial —no importa la indemnización— por las muertes bajo represión militar en la crisis de 2003, que determinó la caída del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y, luego, la sucesión del vicepresidente Carlos Mesa.
Eloy Rojas Mamani y Etelvina Ramos Mamani acudieron a la Justicia en búsqueda del esclarecimiento de la muerte de su hija Marlene Nancy, que entonces tenía ocho años. Aquel día, la niña miraba por la ventana el ingreso de tropas militares que buscaban despejar el bloqueo que el entonces dirigente campesino Felipe “Mallku” Quispe propiciaba por la liberación de Edwin Huampo.
“Le salía sangre del pecho como si fuera una fuente”, declaró la madre ante los jueces.
Como ella, otros familiares contaron en la Corte de Florida cómo murieron también, en distintos momentos de octubre de 2003, Lucio Santos Gandarillas Ayala, Roxana Apaza Cutipa, Teodosia Morales Mamani, Marcelo Carvajal Lucero, Jacinto Bernabé Roque, Arturo Mamani Mamani y Raúl Ramón Huanca Márquez.
La batalla legal terminó hace unas semanas, cuando el abogado de las víctimas, el estadounidense Tomas Becker, anunció un acuerdo entre las víctimas y los demandados que implica una indemnización económica y la cláusula de no continuidad del proceso ni la admisión de responsabilidad de parte de los acusados.
Veredicto
El abogado Becker insistió ayer a La Razón que, con el veredicto de 2018, se sienta un precedente histórico en el mundo con la sanción civil a un exmandatario que cometió delitos de lesa humanidad. Con eso, “ojalá se pueda abrir la extradición (de Sánchez de Lozada), aunque es difícil”, admitió.
Cuando Sánchez de Lozada llegó a su segundo mandato, en agosto de 2002, se informó que la empresa estadounidense Sempra Energy International tenía un preacuerdo firmado para la compra del gas boliviano al consorcio Pacific LNG. Más tarde se informó que el gas llegaría a Estados Unidos a través de puertos de Chile.
En septiembre de 2003, el anuncio cobró vigor y causó una movilización nacional con epicentro en El Alto y La Paz.
De demandar el freno del proyecto, las protestas pidieron la renuncia del mandatario. “Pueden marchar una, dos semanas o un mes, pero el presidente no renunciará”, desafió entonces el ministro Sánchez Berzaín.
Los movilizados bloquearon la salida de combustibles de la planta de Senkata y el Gobierno activó el traslado de cisternas a La Paz bajo custodia militar. Se llamó la “caravana de la muerte”, que el 12 de octubre, día más fatídico, dejó a su paso al menos 19 fallecidos.
Al día siguiente, el vicepresidente Carlos Mesa renunció al gobierno y se mantuvo expectante. “Me han preguntado si tengo el valor de matar, y mi respuesta es no, no tengo el valor de matar ni tendré mañana el valor de matar”, dijo en conferencia de prensa.
Cuando las muertes llegaron a más 60, Sánchez de Lozada renunció el 17 de octubre desde Santa Cruz, antes de huir a Estados Unidos. A las 22.30, Mesa juró ante el Congreso Nacional.
LA RAZÓN///
